Dos años han pasado ya desde el cierre de la operación Wall, un golpe policial contra una organización criminal que estafaba telefónicamente desde España a ciudadanos de China. Hubo 269 detenciones en Madrid, Barcelona, Alicante, Málaga y Zaragoza que pusieron aprueba la capacidad judicial de la Audiencia Nacional por el volumen del caso: tuvieron que movilizar todas sus secciones de lo penal para poder tramitar la extradición de los arrestados al gigante asiático. Doscientos catorce de estos detenidos solicitaron asilo como taiwaneses y no como chinos, una maniobra que está dilatando el proceso mucho más de lo que se preveía.